La Real Academia Española en su más reciente edición define el término Periodismo como “Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades.” Por otro lado y de una manera más didáctica Fernando Savater plantea en su libro Ética para Amador que Libertad es decidir, pero también, “darse cuenta de que estás decidiendo”.
Libertad en términos generales ha sido mal entendida como hacer lo que se quiere, sin embargo, debe mantenerse el principio de que la Libertad termina cuando comienzan los derechos de los demás. La libertad del Periodista no puede medirse por decir lo que quiera y no ser juzgado por ello cuando lo haga de manera inadecuada, pues es aquí cuando durante el ejercicio, algunos periodistas actúan de mala fe y de alguna manera dan pie a la intervención del Estado.
Si bien es cierto que muchas veces el acceso a las fuentes o a la información oficial se encuentra truncada por los factores de poder que pueden verse afectados e implicados, la deontología del Periodismo indica que uno de sus principios básicos es informar, sin embargo, por muchas leyes que apoyen el ejercicio, la realidad es otra.
En los países latinoamericanos se ha tornado como costumbre sancionar a los periodistas que hacen comentarios negativos sobre funcionarios públicos, dejando en tela de juicio la democracia, peor aún si cuando esto ocurre cuando el periodista informa sobre algo que realmente pasó. En el contexto político, cuando el Estado interfiere en la Libertad de Prensa suele hacerlo para imponer su manera de ver las cosas, no se suele castigar a periodistas irresponsables, solo a los disidentes. Esta constante en Latinoamérica de penalizar los comentarios de periodistas sobre los funcionarios públicos, limita el debate, el control ciudadano en los actos gubernamentales y en consecuencia la democracia.
Tal es el ejemplo de Argentina, donde un juez federal solicitó a seis diarios de ese país que le informen sobre los periodistas que escriben noticias e investigaciones de índices inflacionarios. Un caso similar sucede en Nicaragua, donde una periodista de ese país, cuyos reportajes reflejaban la corrupción y abusos de autoridad de algunos funcionarios del Frente Sandinista, no pudo regresar pues recibió varias amenazas de muerte que fueron ignoradas por las autoridades competentes.
El caso venezolano es tan delicado como en el resto de Latinoamérica, a tal punto que Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) asegura que “la persecución judicial, infundir temor, y lograr autocensura son marca registrada del gobierno venezolano”
Los funcionarios gubernamentales deben entender que su investidura hace que estén más sometidos al escrutinio público que cualquier otra persona. En la actualidad utilizar estos mecanismos de represión o neutralización contra los periodistas más que inspirar respeto simulan ser una herencia de la colonia donde se debía asegurar obediencia absoluta al monarca. Usar los mecanismos de represión que usan contra los periodistas de seguro surtirán mayor efecto utilizándolos contra los problemas reales de la sociedad, creando incluso una matriz de opinión positiva y en su defecto beneficiando la democracia.
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